Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian estancamiento por parte de la Jueza Mirtala Portillo en el caso de El Mozote.

Organizaciones que representamos a las víctimas de la masacre de El Mozote y Lugares Aledaños, denunciamos el día de ayer el estancamiento del proceso judicial por parte de la Jueza Mirtala Portillo, en donde atribuye que es necesario separar los casos de desaparición forzada de las niñas Emelinda Hernández, Carmelina y Ana Julia Ramírez.

Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” junto a Cristosal, Probúsqueda y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) señalan que el estancamiento comenzó cuando se destituyó al Juez Jorge Guzmán en septiembre de 2021.

Alejandro Díaz de Tutela Legal lamenta que las diligencias investigativas se hayan alargado y estén siendo repetitivas desde el año de 2021 ocasionando la obstaculización de la justicia y revictimización.

“La reparación es uno de los elementos más importantes dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de 2012 y lamentamos que el Estado no haya cumplido con las sentencias a más de 43 años de esta masacre, y también se han excluido a las comunidades y a las partes. Se están haciendo medidas inconsultas, ya que han existido expropiaciones dentro de la zona” declaró Díaz.

Helíz Hernández, representante de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos alega que la decisión es preocupante ya que se niega el acceso a la justicia a los familiares de las menores de edad y contradice lo que dice la Corte Interamericana.

“Falta la información de las instituciones responsables de esta conducta. Nosotros creemos que la Jueza contradice elementos de investigación a partir de un contexto de los hechos, es decir que tiene que tomar en cuenta todo el modus operandi de los hechos, la estructura militar que participó en los hechos y la población de la zona” dice Hernández.

¡Justicia ya! El clamor de las víctimas.

Representantes de la víctimas y familiares de la masacre de El Mozote exigen justicia y que no se esté retrasando el caso porque hasta la fecha han muerto 148 personas denunciantes de la masacre perpetrada por elementos de la Fuerza Armada salvadoreña en la zona de El Mozote y Lugares Aledaños.

“Familiares denunciantes han muertos y otros están bien enfermos, donde se están yendo sin ver una verdadera justicia, una indemnización digna, porque si no hay justicia no hay reparación. Es preocupante que el Estado salvadoreño esté retrasando la justicia para nuestros familiares” concluyó Eugenia Argueta representante del Comité de Familiares de Víctimas.