Criminalización e instrumentalización de la justicia contra los líderes ambientalistas de Santa Marta.

A pesar de sentencia de sobreseimiento definitivo del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque en octubre de este año, la Fiscalía sigue en pie de criminalizar a los líderes de Santa Marta sin prueba alguna. Ante la complicidad de anular dicha resolución por parte de la Cámara de Cojutepeque, organizaciones defensoras de derechos humanos reiteran que la decisión de los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, es un acto arbitrario y la repetición de un juicio representa en la práctica un doble juzgamiento y un precedente nefasto en la aplicación de la justicia en El Salvador.

“Lamentamos que esta situación se esté dando después de siete años de haberse aprobado la ley (prohibición de la minería). Estamos aquí porque creemos que los legisladores tienen mucho que ver” señaló Vidalina Morales de Ades Santa Marta.

A su vez, reitera que existe una persecución judicial contra el activismo ambiental. “hemos estado 20 años en esta lucha y podemos dar fe y hemos conocido los impactos negativos de la minería” concluyó Morales