Familiares de líderes comunitarios de Santa Marta exigen investigar al juez del caso por conflicto de intereses.

Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales acompañaron a familiares de los líderes comunitarios de Santa Marta, quienes son criminalizados injustamente, para presentar una denuncia ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia contra el juez presidente del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas por su relación con la extinta Guardia Nacional.

En el escrito presentado el 28 de mayo, detallan que se investiguen las implicaciones éticas y conflicto de intereses que puedan existir en el caso contra los líderes comunitarios de Santa Marta criminalizados nuevamente por supuestos actos ocurridos en el conflicto armado. Los líderes comunitarios de Santa Marta fueron declarados inocentes de todos los cargos en octubre del año pasado por Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.

Milton Rivas, hijo de uno de los líderes comunitarios expone que si de ser confirmado a través de las investigaciones, el juez debe ser apartado del caso ya que generaría un conflicto de intereses, haciendo hincapié que el caso perdería parcialidad.

Alejandro Díaz, abogado y defensor de los derechos humanos de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, señaló que en el caso han existido atropellos y dilaciones para mantener criminalizados a los líderes ambientalistas de Santa Marta, quiénes son personas que han estado al frente de la lucha contra la minería metálica en el territorio.

“Esta denuncia es para que la Sección de Investigación Judicial, lleve a cabo las respectivas investigaciones a partir de la documentación que se presenta. En el artículo 172 de nuestra Constitución los jueces están sometidos a la imparcialidad y a las leyes de la república”. Declaró Díaz ante los medios de comunicación.

David Ortiz, defensor de los derechos humanos alega que los líderes de Santa Marta siguen gozando de su categoría de inocente, ya que fueron procesados y fueron declarados sin ninguna responsabilidad penal de lo que se les acusaba.

“No existe ningún elemento probatorio que los vincule con los delitos que se les están achacando. Estamos claros que este proceso forma parte de el acoso y la persecución sistemática de personas defensoras de derechos humanos que se ejecuta de parte del poder que ejerce el poder de este gobierno” concluyó Ortiz.