Organizaciones defensoras de derechos humanos condenan capturas arbitrarias de defensores y se pronuncian contra la nueva Ley de Agentes Extranjeros.
Más de 90 organizaciones, mesas, movimientos, colectivos, foros y personas defensoras de derechos humanos señalan que existe una creciente persecución y criminalización contra líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del medio a veinte y derechos humanos.
Las organizaciones condenan las capturas arbitrarias de Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez, siendo estos hechos un peligroso escenario de criminalización y censura a la defensa de los derechos humanos, atentando contra derechos fundamentales como la reunión pacífica, expresión y derecho de asociación. Asimismo, rechazan la estigmatización del Estado salvadoreño que busca desacreditar y difamar el legítimo trabajo de las organizaciones sociales en el desarrollo del país con la población más vulnerable.
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS) concluye que esto representa un intento de represión al trabajo de denunciar y exigir rendición de cuentas y que ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (RAEX) esto pone en riesgo la labor de las organizaciones sociales, siendo una amenaza a la democracia, la participación ciudadana, contraloría social y libertad de expresión.
Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana, desmiente lo que se dice de las organizaciones defensoras de derechos humanos, en el que se les ataca de no ser transparentes y no rinden cuentas a las autoridades competentes. Asimismo, denunció el potencial impacto negativo sobre las comunidades más vulnerables del país, en donde se intenta instrumentalizar la política y se agudice el cierre progresivo de los espacios cívicos.
En la conferencia de prensa hubo participación de organizaciones internacionales quienes aseguran que la actual ley de Agentes Extranjeros es una versión similar a las aprobada en países como Venezuela y Nicaragua, siendo un precedente para acallar voces críticas a través de la persecución, criminalización de defensores de la sociedad civil.
En el comunicado las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional y a las instituciones de derechos humanos a que se pronuncien sobre el tema y acompañar y acuerpar la labor legítima de las personas y organizaciones defensoras, denunciando las acciones que atenten contra los principios democráticos que rigen la institución.
