Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos Exigen Cumplimiento de Sentencia sobre El Mozote al Estado Salvadoreño.

“Exigimos justicia, verdad, reparación y no repetición para todos lo que vivimos en El Mozote y lugares aledaños” fueron las palabras de Trinidad Díaz, familiar y una de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada por el Ejército de El Salvador en diciembre de 1981 en un Operativo Militar denominado Tierra Arrasada.

En el lugar fueron masacradas más de 1000 personas, en su mayoría infantes entre las edades de 2 a 12 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, denunciaron el incumplimiento de medidas de reparación para la población de El Mozote y lugares aledaños dictaminadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 2012 hacia el Estado salvadoreño, siendo la ausencia de justicia para las víctimas el más grave.

La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y Lugares Aledaños (APDHEM) exigió el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte solicitando:

• Al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que avance a la fase plenaria del proceso judicial.
• A las autoridades gubernamentales que cumplan con las obligaciones relacionadas al funcionamiento del Registro Único de Víctimas, mediante la reactivación del soporte informático que anteriormente estuvo administrado por la extinta DIGESTYC.
• Cumplir con el pago de indemnizaciones a las víctimas sobrevivientes y familiares de
  víctimas ejecutadas, siendo esto a través de un plan de desarrollo dialogado con las
  víctimas.
• A la Asamblea Legislativa, reformar y prolongación de vigencia de la actual Ley Especial
  Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de
  Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños.

Alejandro Díaz, representante legal de las víctimas del caso de El Mozote y Lugares Aledaños
manifestó la existencia de un abandono al proceso judicial por parte del Estado siguiendo una
intencionalidad en la impunidad, siendo esta una de las principales medidas de reparación
dentro de la sentencia de la Corte.

“Lamentablemente, los esfuerzos del Estado y la Fiscalía han estado dirigidos a otros casos
politizados como recientemente es el caso de Cabañas, donde todos los recursos y todo el
empeño de la Fiscalía estuvo enfilado a atacar a líderes comunitarios y este caso que ha estado
desde los años noventa en los tribunales no ha sido judicializado por la Fiscalía” concluyó
Alejandro Díaz, presidente de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”