Defensores de Derechos Humanos y Movimientos Sociales Exigen Urgente Resolución en Caso de Líderes Ambientalistas de ADES Santa Marta
“¡Libertad definitiva para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES! ¡Libertad!” Con esta consigna, movimientos sociales salvadoreños se pronunciaron en contra de la apelación presentada el pasado 28 de octubre por la Fiscalía General de la República que intenta revertir el fallo absolutorio o dilatar su implementación interpuesta ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque.
Organizaciones defensoras de derechos humanos manifiestan que la apelación presentada por la Fiscalía es un intento por dilatar el sobreseimiento definitivo y un claro mensaje de persecución hacia los defensores ambientalistas de Santa Marta.
Amalia López, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua argumentó que las juezas que integraron el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque actuaron apegadas a derecho y su decisión ha sido legal y justa.
“Solicitamos con todo respeto a los honorables magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque, que actúen conforme a la ley, y la justicia, rechazando la apelación presentada por la Fiscalía y confirmen la resolución que de manera unánime emitieron las juezas del Tribunal de Sentencia” argumentó Amalia López.
Alejandro Díaz, presidente de la Asociación de Derechos Humanos declaró que es lamentablemente que se esté criminalizando nuevamente a los líderes comunitarios, ya que se ha evidenciado y es inobjetable que este caso ha sido un proceso sin pruebas y totalmente político.
“Consideramos que la Cámara que ya conoce el caso, debe de ratificar la absolución. Hemos revisado algunos elementos jurídicos y vemos que la Fiscalía no tiene ninguno. La Fiscalía no tenía en mente que delito estaba señalando, ya que se habla de crímenes de guerra, lesa humanidad y sistema judicial no puede llevarle la plana a un órgano estatal que no tenía el objetivo o delito efectivas contra los líderes comunitarios” declara Díaz.
Tutela Legal Dra. María Julia Hernández ha venido denunciando la falta de seguimiento y justicia e investigación en más de 300 casos de lesa humanidad contra población civil presentado a los tribunales salvadoreños desde los años 90 y la institución alega que existe una persecución política en el caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta. Asimismo, Alejandro Díaz declaró que han presentado este caso a instancias internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo este organismo el que le ha estado dando seguimiento al caso de Santa Marta, donde se han violentado los derechos humanos y la garantía judicial a los líderes comunitarios.
Antonio Pacheco, defensor ambientalista de Santa Marta y director de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) está convencido que las acusaciones que les imputa Fiscalía no tienen nada que ver con ellos y tiene confianza que las instancias que tienen el caso resuelvan conforme al estado de derecho, la legalidad y al debido proceso.
“Hacemos un llamado al gobierno, a la Fiscalía a rectificar sus políticas, una política como ya se ha dicho, es una política errada que esta afectando a muchas personas de nuestro país y no puede vivir eternamente con el régimen de excepción” finalizó Antonio Pacheco.
Fotografía principal por René Posada.
