Iglesias Históricas de El Salvador y organizaciones defensoras de derechos humanos y medioambientales condenan la reactivación de la minería metálica.

Ante la decisión de sancionar la Ley General de Minería Metálica, el movimiento social salvadoreño junto a las iglesias históricas de El Salvador y ADES Santa Marta, lamentaron que los parlamentarios- en su mayoría de Nuevas Ideas- no hayan escuchado las voces de la mayoría de la población salvadoreña que rechaza la minería metálica en el territorio.

La obispo de la Iglesia Luterana, Guadalupe Ortez lamentó la decisión tomada por los parlamentarios del pasado 23 de diciembre de 2024 y resaltó la importancia de la encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), en donde el 60% de la población salvadoreña piensa que el país no es apropiado para la minería.

“El 70% de la población sabe que la explotación minera daña el medio ambiente, 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina” aseveró la Obispo Guadalupe Cortez.

La organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana también confirmó el rechazo social a la minería, en su reciente encuesta. Asimismo, no se tomaron en cuenta los pronunciamientos de las iglesias, organizaciones sociales, universidades y demás instancias que pedían la prohibición de esta industria extractiva.

“Nos preocupa muchísimo las declaraciones tomadas a la luz de la nueva ley de minería que ya ha sido sancionada. El Salvador nos pertenece a todos y a todas, todos tenemos derecho a decidir como queremos que se gestione nuestra vida y nos preocupa que se hayan tomado decisiones necias que pongan en riesgo a nuestro país, ya que tenemos un problema de estrés hídrico en nuestro país” declaró el Pastor Miguel Tomás Castro de la Iglesia Bautista Emmanuel.

Asimismo, Alberto Velásquez Director de COFOA argumentó que se está haciendo un proceso injusto e ilegal contra los cinco líderes de Santa Marta ADES donde están siendo nuevamente revictimizados.

“Consideramos que es incorrecto que se aplique la ley al justo y al antojo de un gobierno, al antojo de un fiscal o al antojo de un juez. La ley es totalmente clara y se está procediendo incorrectamente, juzgar a alguien sin tener pruebas, sin tener los hechos concretos, no es sano” definió Velásquez.

Antonio Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del secuestro y el asesinato de María Inés Alvarenga, hecho ocurrido supuestamente en 1989. No obstante, los líderes ambientalistas fueron absueltos recientemente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.

Ovidio Mauricio, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” concluyó que el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, no está representando ni obedeciendo a la población y demuestra la ilegitimidad con la que está ejerciendo.

“Quiero hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la PNC, que defiendan al pueblo, no defiendan al poder, sino que se acerquen a la población y defiendan al pueblo. Que actúen como verdaderos defensores de la gente que está sufriendo con una justicia manipulada a favor de ciertos poderes” dijo Ovidio Mauricio de Tutela Legal.