Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos se pronuncian contra la persecución y criminalización institucional contra personas defensoras.
Representantes de más de diez organizaciones defensoras de derechos humanos de El Salvador denunciaron un aumento de la persecución y criminalización contra personas defensoras en El Salvador, utilizando mecanismos de control como lo es el régimen de excepción.
“Estamos sentando un posicionamiento ante la grave situación, en cuanto al incremento a la persecución y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país”, expresó Alejandro Díaz, de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Desde el inicio de la administración del gobierno de Nayib Bukele en 2019, hasta la fecha, se ha observado un incremento en la intolerancia en las voces diversas que se posicionan de forma critica a su mandato. Ovidio Mauricio de Tutela Legal, asegura que los niveles de un régimen autoritario, la democracia retrocede, así como lo plantea la Universidad de Gotemburgo de Suecia, en donde señala que El Salvador ha caído 45 puestos.
“Lo anterior se ha materializado con acciones como el acoso sistemático de funcionarios en redes sociales, conferencias de prensa, las cadenas nacionales presidenciales, espionaje a través del sistema Pegasus, acoso tributario y administrativo, allanamientos y la última instancia detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial”, expresó Mauricio.
Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, reiteró su denuncia a la criminalización contra los cinco líderes defensores del medio ambiente, acusándolos por delitos que no cometieron y que son enjuiciados injustamente de nuevo, por ordenes de la Fiscalía General de la República.
“Utilizan de forma excesiva los delitos vinculados con el Crimen Organizado y las pandillas. El Estado debe abstenerse de utilizar su institucionalidad para amedrentar, intimidar y perseguir a personas defensoras que disienten del discurso oficial”, señaló. Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron un respeto a la vida e integridad de su trabajo e hicieron un llamado a la comunidad internacional a dar seguimiento a los graves retrocesos institucionales que denunciaron.
