Organizaciones defensoras de derechos humanos entregan firmas ante la Corte Suprema de Justicia en rechazo a la ley contra la minería metálica.
Miles de salvadoreños se concentraron en el parque Cuscatlán de San Salvador en rechazo a la nueva ley de minería metálica implementada por el gobierno en turno y secundada por el partido oficialista, sin estudio alguno y discusión en la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones marcharon rumbo a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad, acompañada con la entrega de un paquete de más de ciento cincuenta mil firmas de la población salvadoreña, que están en desacuerdo en la reactivación minera en el país, ya que conllevaría a consecuencias negativas irreversibles en contra el ecosistema, la vida y salud del ser humano.
En el transcurso de la movilización hacia el órgano judicial, se compartió un estudio científico elaborado por el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador, donde un 43.8% de la población encuestada opinaron que la Asamblea Legislativa tuvo que hacer una consulta popular sobre el tema minero y un 37.2% que no se debió aprobar la minería en El Salvador.
En el mismo estudio, un 41.2% de los encuestados manifestaron su desacuerdo a la derogación de la ley de prohibición contra la minería metálica de 2017 y que el presidente de la república debe desistir ante los proyectos mineros en contraste de un 6,3% de los encuestados que si están de acuerdo.
Las organizaciones ambientalistas de El Salvador estiman que la explotación minera afectaría a unos 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión, por lo que consideran que el impacto de la minería podría ser devastador.
La marcha de las organizaciones sociales fue acompañada por la peregrinación del Santo Óscar Arnulfo Romero que tuvo punto de salida la Capilla la Divina Providencia, haciendo estación en la Plaza Divino Salvador del Mundo, el Parque Cuscatlán y finalizando en el Parque Gerardo Barrios, donde frente la BINAES alzaron pancartas y su voz en contra de las injusticias, la reactivación de la minería metálica, régimen de excepción, persecución y criminalización a defensores de derechos humanos.
