MOVIR exige libertad para las personas inocentes detenidas injustamente por el Régimen de Excepción.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista aprobó el régimen de excepción, medida extraordinaria que se ha ido prorrogando y siendo utilizada como medida de control sobre la población, principalmente con opositores del gobierno en turno. Hasta la fecha más de 85,000 personas han sido capturadas, acusadas de ser colaboradores o miembros de pandillas.
Samuel Ramírez, vocero de MOVIR declaró que lo único que piden es justicia, verdad y libertad para sus seres queridos y que las instituciones del Estado como la PDDH se pronuncie en favor de las víctimas de personas inocentes que han sido capturados arbitrariamente. Ramírez sostiene que las instituciones del Estado tienen ordenes de Casa Presidencial de no atender a ninguna víctima y que los únicos que se pronuncian son organismos internacionales a través de informes y sugerencias.
Sandra Rivera, madre victima del régimen de excepción, alega que su hijo ha sido detenido injustamente y lleva dos años encarcelado. En su pancarta reza lo siguiente: “Estamos en las calles en esta lucha porque no venimos defendiendo delincuentes, si no defendiendo inocentes”.
Voceros de MOVIR sostienen que después de tres años del régimen de excepción, este ha pasado de ser un instrumento de combatir a las pandillas a capturar, amedrentar y perseguir a líderes comunales, defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil que están en contra del gobierno de Nuevas Ideas. Asimismo, exponen que ya no existe un estado de derecho y que la Corte Suprema de Justicia debe de declarar la prórroga del régimen de excepción como algo inconstitucional, ya que no existe razón de ser para que la medida siga vigente.
En septiembre del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe especial en referencia al régimen de excepción donde pide al gobierno de El Salvador derogar el régimen de excepción, demostrando que la situación de emergencia fue superada, y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique la suspensión de derechos y garantías.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado en los últimos 3 años más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre ellas capturas arbitrarias, persecución, muertes extrajudiciales, torturas, entre otros.
La marcha de este 27 de marzo salió del Redondel José Martí en San Salvador y culminó en la entrada de la BINAES, donde organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares víctimas del régimen se pronunciaron en contra de estas medidas y esperan una pronta respuesta de las instituciones del Estado para solventar estas medidas.
